Phoenix, Arizona — El estado de Arizona, junto con una coalición de 23 estados y el Distrito de Columbia, presentó una demanda contra el gobierno federal por la retención de casi $7 mil millones en subvenciones educativas previamente aprobadas por el Congreso. La querella fue presentada el 14 de julio en un tribunal federal de Rhode Island y busca obligar al Departamento de Educación y a la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) a liberar de inmediato los fondos congelados.
Según la fiscal general de Arizona, Kris Mayes, el estado enfrenta la pérdida de $132 millones destinados a programas esenciales como el aprendizaje de verano, tutorías extracurriculares, enseñanza de inglés y formación docente. “El Congreso asignó este dinero para apoyar a nuestros estudiantes, y el gobierno federal no tiene derecho a bloquearlo”, afirmó Mayes en un comunicado oficial.
La situación ya ha comenzado a afectar a los distritos escolares locales. En el distrito Tucson Unified, que atiende a más de 40,000 estudiantes, los líderes escolares anticipan recortes severos. Aproximadamente $6 millones en fondos federales no han sido entregados, lo que ha obligado al distrito a suspender contrataciones y considerar la reducción de programas educativos clave.
“Es un golpe devastador. Nuestros estudiantes más vulnerables dependen de estos servicios”, señaló un representante del distrito.
La administración federal, según informes, estaría revisando los programas para asegurarse de que no promuevan “agendas ideológicas específicas”, un argumento que los fiscales estatales consideran inaceptable y carente de justificación legal.
La demanda sostiene que la retención de fondos viola:
Además, 32 senadores federales han exigido en una carta abierta que la administración desbloquee los fondos de inmediato, advirtiendo de posibles consecuencias legales y educativas.
Arizona, junto con otros estados como California y Nueva York, ha presentado una demanda contra el gobierno federal por la retención de fondos educativos. Los programas afectados benefician a estudiantes de bajos ingresos, el aprendizaje del inglés y la capacitación docente. Se busca una orden judicial urgente para liberar los fondos. Si el retraso continúa, podría haber despidos, cierre de programas y un impacto negativo en comunidades vulnerables.
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